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Las recientes sentencias del Tribunal Supremo del pasado 13 de noviembre de 2017 que reconocen el derecho a otorgar nuevas autorizaciones de transporte VTC son una muestra clara que el conflicto existente entre estas autorizaciones para el alquiler de vehículos con conductor y el sector del taxi seguirán creciendo si no se adopta alguna medida sobre la cuestión.

El origen del conflicto se puede atribuir, en gran parte, al hecho que se quieren aprovechar este tipo de licencias para implementar el modelo de negocio que algunas marcas han comenzado a desplegar por todas partes, un modelo de negocio que, lejos de favorecer una economía colaborativa y redistributiva que busque dar un buen servicio en la ciudadanía, se fundamenta en la precarización laboral y la concentración de grandes beneficios en manos de empresas ubicadas lejos de nuestra realidad.

 

Así, la carencia de regulación de la actividad de las VTC a la hora de ofrecer servicios que no son aquellos por los cuales se regularon originalmente supone que se haga un uso incorrecto como transporte discrecional de viajeros, sin que tampoco se hayan tratado adecuadamente sus particularidades por lo que se refiere al transporte urbano. Que determinadas plataformas puedan asimilar estos servicios de alquiler de vehículos con conductor a servicios más propios del tradicional de taxi demuestra como esta carencia de regulación puede llegar a afectar todo el sector.

 

Desde la Administración pública se pueden hacer pasos para que, en aplicación de las competencias de cada una de las instituciones, se intervenga para aclarar la actual situación y al mismo tiempo se contribuya a garantizar la supervivencia y la calidad del servicio público del taxi en su ámbito territorial, sin renunciar a iniciativas para mejorar la competitividad y la calidad del mismo sector. En este sentido, desde el Estado se puede impulsar la modificación del Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres para dar coherencia a la regulación de las VTC. A la vez, desde el Parlamento de las lilas Baleares se puede intervenir, aprovechando las competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de transportes, para mejorar la regulación del sector sobre todo por lo que hace a los servicios de transporte urbano que tradicionalmente se han cubierto con el servicio de taxi.

Por todo esto, PROPONEMOS al pleno del Ayuntamiento de Palma:

 

1.- Solicitar al Gobierno de las Illes Balears que, en ejercicio de su competencia sobre transporte, impulse una iniciativa legislativa para modificar la normativa de transportes en el sentido de exigir a las autorizaciones VTC otorgadas por sentencia judicial, que cuenten con una autorización de funcionamiento específica para prestar el servicio de transporte urbano. La concesión de estas autorizaciones correspondería a la Comunidad Autónoma o a los ayuntamientos, según establezca la nueva regulación, pero, en todo caso, el ayuntamiento afectado tendría que informar previamente para valorar si la concesión tiene efectos sobre el servicio público del taxi, la movilidad, el medio ambiente y cualquiera otro aspecto que se considere relevante.

 

2.- Instar el Ministerio de Fomento que promueva la inclusión, en una eventual modificación del Reglamento de la Ley de ordenación de transportes terrestres, de un nuevo texto para el artículo 182.2, o equivalente, que desarrolle las condiciones aplicables a las autorizaciones VTC otorgadas por sentencia judicial en relación con el origen, el destino o los recorridos de los servicios, tal como permite la excepcionalidad prevista para estos vehículos al artículo 91 de la dicha Ley.