La nueva ley de vtc en Baleares

Hablamos con el presidente de la agrupación de taxistas en Baleares, Antonio Bauzá, sobre la implantación de Uber, la nueva ley llamada vtc que también afecta al mundo del taxi y la polémica de las opiniones de hoteleros sobre el sector del taxi.
El Parlamento de las islas baleares ha aprobado una ley decreto que se llama de manera coloquial vtc y presenta estos puntos que afectan al sector.
Esta ley permite hasta nueve plazas por taxi, el pago individual y el precio cerrado y también compatibiliza el trabajo de taxista con otro trabajo. Desapareciendo la exclusividad.
El nuevo decreto ley. Además va a fomentar la aplicación única.


Cómo afecta esta ley a las vtc?


Este tipo de vehículos no podrá captar el servicio. Tendrá que tener una contratación con antelación de 30 minutos y previamente en el tema de licencias tendrá que tener una autorización urbana del Ayuntamiento. Además se van a limitar el número de licencia por titulares y a regular las vtc que vengan de otras comunidades autónomas obligándoseles a comunicar con una antelación de tres meses.

VTC taxistas. en Baleares .. ¿ el final de un conflicto ?

Esta semana se ha recibido en la FEBT como parte interesada en el expediente de tramitación de 200 licencias VTC por parte de Ares Capital, la resolución del Director General de Mobilitat i Transports del Govern Balear DENEGANDO LA EXPEDICIÓN DE LAS 200 AUTORIZACIONES DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON CONDUCTOR.

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Los ayuntamientos decidiran si prohiben o no a Uber

Los ayuntamientos van a tener la capacidad delimitar la actividad que puedan desarrollar las plataformas Uber, Cabify y similares , según  la Ley autonómica de Transportes.Así mismo  les podrán exigir contar con un alicencia municipal a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que pretendan prestar servicios urbanos.

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La federación Balear de transportes propone mejoras en la regulación de las VTC en Palma

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo del pasado 13 de noviembre de 2017 que reconocen el derecho a otorgar nuevas autorizaciones de transporte VTC son una muestra clara que el conflicto existente entre estas autorizaciones para el alquiler de vehículos con conductor y el sector del taxi seguirán creciendo si no se adopta alguna medida sobre la cuestión.

El origen del conflicto se puede atribuir, en gran parte, al hecho que se quieren aprovechar este tipo de licencias para implementar el modelo de negocio que algunas marcas han comenzado a desplegar por todas partes, un modelo de negocio que, lejos de favorecer una economía colaborativa y redistributiva que busque dar un buen servicio en la ciudadanía, se fundamenta en la precarización laboral y la concentración de grandes beneficios en manos de empresas ubicadas lejos de nuestra realidad.

 

Así, la carencia de regulación de la actividad de las VTC a la hora de ofrecer servicios que no son aquellos por los cuales se regularon originalmente supone que se haga un uso incorrecto como transporte discrecional de viajeros, sin que tampoco se hayan tratado adecuadamente sus particularidades por lo que se refiere al transporte urbano. Que determinadas plataformas puedan asimilar estos servicios de alquiler de vehículos con conductor a servicios más propios del tradicional de taxi demuestra como esta carencia de regulación puede llegar a afectar todo el sector.

 

Desde la Administración pública se pueden hacer pasos para que, en aplicación de las competencias de cada una de las instituciones, se intervenga para aclarar la actual situación y al mismo tiempo se contribuya a garantizar la supervivencia y la calidad del servicio público del taxi en su ámbito territorial, sin renunciar a iniciativas para mejorar la competitividad y la calidad del mismo sector. En este sentido, desde el Estado se puede impulsar la modificación del Reglamento de la Ley de ordenación de los transportes terrestres para dar coherencia a la regulación de las VTC. A la vez, desde el Parlamento de las lilas Baleares se puede intervenir, aprovechando las competencias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de transportes, para mejorar la regulación del sector sobre todo por lo que hace a los servicios de transporte urbano que tradicionalmente se han cubierto con el servicio de taxi.

Por todo esto, PROPONEMOS al pleno del Ayuntamiento de Palma:

 

1.- Solicitar al Gobierno de las Illes Balears que, en ejercicio de su competencia sobre transporte, impulse una iniciativa legislativa para modificar la normativa de transportes en el sentido de exigir a las autorizaciones VTC otorgadas por sentencia judicial, que cuenten con una autorización de funcionamiento específica para prestar el servicio de transporte urbano. La concesión de estas autorizaciones correspondería a la Comunidad Autónoma o a los ayuntamientos, según establezca la nueva regulación, pero, en todo caso, el ayuntamiento afectado tendría que informar previamente para valorar si la concesión tiene efectos sobre el servicio público del taxi, la movilidad, el medio ambiente y cualquiera otro aspecto que se considere relevante.

 

2.- Instar el Ministerio de Fomento que promueva la inclusión, en una eventual modificación del Reglamento de la Ley de ordenación de transportes terrestres, de un nuevo texto para el artículo 182.2, o equivalente, que desarrolle las condiciones aplicables a las autorizaciones VTC otorgadas por sentencia judicial en relación con el origen, el destino o los recorridos de los servicios, tal como permite la excepcionalidad prevista para estos vehículos al artículo 91 de la dicha Ley.