La agrupación de Taxis afiliada a la FEBT ha interpuesto un contencioso-administrativo a la Conselleria de Movilidad por «toda una serie de presuntas irregularidades» en la concesión del transporte regular del aeropuerto de Palma a zonas turísticas.
Así lo ha anunciado el presidente de Sa patronal , la agrupación de taxis, Toni Bauzá, quien ha señalado que dicho contencioso «obedece a la negativa de la Consellería de no considerar parte interesada a este colectivo en los expedientes de las concesiones» del servicio regular de transporte de viajeros por carretera que enlaza el aeropuerto de Palma con zonas turísticas.
Asimismo, Bauzá ha explicado que, según consta en dicho contencioso, «se podría considerar ilegal la ampliación de la concesión administrativa otorgada a tres empresas operadoras del denominado Aerotib, o transporte regular de pasajeros entre Son Sant Joan y zonas turísticas, ya que las mismas no se sacaron ni tan sólo a concurso y puesto que se modificaron las condiciones esenciales de la misma».
El presidente de la Agrupación de Taxis asociada a la FEBT ha señalado que dicha ampliación de la concesión «ha perjudicado en sobremanera a este sector, beneficiando a tres empresas concretas de transporte regular, y más aún sabiendo que el Govern tiene presupuestado 2,2 millones para garantizar el equilibrio económico de las mismas», tal como, según ha añadido, «se desprende de la documentación a la que tuvo acceso la mencionada Agrupación de Taxis.
El presidente de la patronal del taxi , Bauzá ha sostenido que, «la experiencia ya contrastada económicamente del Aerotib, lejos de provocar un beneficio de 50.000 euros para los contribuyentes, lo cierto es que, haciendo uso de la información facilitada por la propia Conselleria, el coste real se traduce en unas pérdidas para la CAIB de 920.000 euros en 2017«.
«Tres compañías de autocares del servicio regular, a costa de todos los contribuyentes, verán como su cuenta de resultados a finales de año no resultará perjudicada, dado el aporte de más de 920.000 euros que hará la Conselleria, aún no habiéndose convocado en su momento un procedimiento de concurso público, lo cual a todas vistas resulta del todo ilegal, por no decir fraudulento»,